Category: Editorial

¿Es una necesidad alargar la escolarización hasta los 18 años?

Carlos López Cortiñas

Secretario General FETE-UGT

Carlos López Cortiñas

Estamos en un momento electoral y vamos conociendo las propuestas (u ocurrencias) de los diferentes partidos con referencia a la educación. De nuevo aparecen en el debate temas como la laicidad de la sociedad, con el fin de separar las instituciones de los protocolos religiosos. Al mismo tiempo hacen de ello una traslación al campo educativo, o lo que es lo mismo, quitar la clase de religión del curriculum escolar y apostar por una asignatura de Educación en Valores.

De los temas anunciados como la evaluación, el papel de los Consejos Escolares, bilingüismo, tiempos y espacios escolares, dirección de los centros, autonomía escolar, ayudas y becas, … sobresale una propuesta del PSOE, que está suscitando muchos interrogantes, que es la universalización de la educación de 0 a 18 años. ¿Supone esto alargar la educación obligatoria hasta los 18 años?

Para valorar esta propuesta debemos partir de la realidad de los centros educativos. Si la apuesta se traduce en dejar a todo el alumnado hasta los 18 años escolarizados sin propuestas atrayentes que integren a los que a partir de una cierta edad están escolarizados pero con falta de motivación y sin llegar a alcanzar las competencias básicas propias de la etapa en la que están, el resultado puede ser que bajen las cifras del paro pero desde el punto de vista educativo sería un fracaso.

Considero que se debe diferenciar: “educación obligatoria” (como etapas educativas) de “escolarización hasta los 18″. En la primera premisa podemos entender que el Bachillerato o la FP tengan carácter obligatorio lo que sería un grave error ya que al transformar la enseñanza post-obligatoria en obligatoria el nivel de desinterés y de conflictividad escolar aumentaría. Con la segunda opción se podría tener vinculados a todo el alumnado a un proceso de formación hasta los 18 años. Partimos de un 78% del alumnado que ya está dentro del sistema educativo y por tanto no habría que tomar ninguna medida al respecto. Por el contrario hay un 22% del alumnado que abandona el sistema, y es en este colectivo donde se debe actuar con un concepto más flexible de la escolarización para formarlo según sus intereses. Complementar formación con la inserción laboral, flexibilizar la FP, utilización de la EPA,… u otros tipos de programas educativos que podrían satisfacer esta demanda.

Muchas dudas genera la propuesta: ¿se retrasa la inserción laboral hasta los 18 años?; ¿se ampliarán los conciertos educativos?; ¿se transformará la enseñanza post-obligatoria, en obligatoria en?; ¿cómo se va a financiar?…

 

Creo que para resolver estas dudas y para que la propuesta no sea simplemente electoralista, se debe concretar más, y por supuesto como tiene implicaciones sociales, económicas y laborales debe llevarse a los foros de negociación, que ya están constituidos, para buscar el consenso necesario. Como resumen podríamos decir que educación (etapa educativa) hasta los 18 años, no, pero escolarización hasta los 18 años podría ser un avance social, si se negocian las diferentes variables que conlleva.

Drama de los refugiados: “Como maestr@s tenemos la obligación de explicar a nuestro alumnado qué esta ocurriendo para que niñ@s y jóvenes vaguen por las fronteras europeas huyendo de la guerra o de una vida sin futuro”

Desde hace meses estamos asistiendo a una de las mayores crisis humanitarias acontecidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del desplazamiento de miles de personas que tratan de llegar para obtener protección, huyendo de las inhumanas condiciones de vida en sus países de origen o de situaciones de guerra y/o persecución personal. En un primer momento se concentraron en países como Grecia, Italia, Macedonia, Turquía y también en Ceuta y Melilla; ahora vemos como atraviesan el territorio Europeo sin que los países de la UE sean capaces de dar respuesta con la celeridad, el sentido de justicia y solidaridad que se requiere ante una situación tan dramática. Como consecuencia de esta falta de compromiso y ayuda cada día se recrudecen, más si cabe, las condiciones de los desplazados cobrándose la vida de más de 2.800 personas.

Aunque en realidad llevamos años siendo testigos de las imágenes de personas y familias que intentan huir de los conflictos acaecidos en sus países, traspasando fronteras por todos los caminos posibles y poniendo en peligro sus vidas; probablemente se haya desencadenado ahora una mayor alarma ante el gran número de desplazados, sus terribles condiciones, y por supuesto también ante esa imagen, que llena de estupor, de alambradas improvisadas entre países, que no existían en la Europa del Tratado de Schengen, y que día tras día se levantan para impedir el paso. Es vergonzoso que esa misma Europa que levanta muros, se muestre incapaz de acoger adecuadamente y en condiciones dignas a las 400.000 personas que, según EUROSTAT han llegado en situación de riesgo y/o persecución en lo que va de este año 2015.

Reiteramos que estas personas huyen y llegan a Europa, buscando lo que se supone es un espacio seguro de acogida y respeto para sus derechos y donde, sin embargo, encuentran un limbo inhóspito bien de cinismo bien de abierta hostilidad. El derecho de asilo es un derecho humano regulado por la normativa internacional, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de forma especifica en la Convección para el Estatuto de Refugiados, aprobada por Naciones Unidas en 1951 para proteger a refugiados europeos después de la Segunda Guerra Mundial y ampliada después su alcance sin restricciones geográficas por el Protocolo e los Refugiados de 1967. Tal y como ha declarado UGT en “La declaración por una Europa Solidaria. Refugiados bienvenidos” es preciso el gobierno español asuma su responsabilidad como Estado democrático, garante de los derechos humanos y los compromisos asumidos en los tratados internaciones sobre protección internacional de personas en situación de riesgo.

Quisiera señalar que desde la especificidad educativa de FETE UGT nos sentimos especialmente concernidos por este drama. Como maestros y maestras tenemos la obligación de explicar a nuestros alumnos y alumnas qué esta ocurriendo para que niños y jóvenes que podrían ser sus compañeros y compañeras de pupitre, vaguen por las fronteras europeas huyendo de la guerra o de una vida sin futuro. Desde nuestra conciencia como educadores y educadoras exigimos con toda nuestras fuerzas que los gobiernos europeos, y el gobierno Español, contribuyan de forma inmediata a dar respuesta al drama humanitario que ya se esta cobrando la vida de tantas personas, entre los que se encuentran niños y niñas.

Así mismo, tenemos el deber moral de reclamar una respuesta rápida de coordinación de la administración para facilitar su llegada cuanto antes, y proveer de los medios y recursos adecuados a los centros educativos que van a recibir a los menores refugiados y sus familias; de forma que, cuando lleguen a los centros, tengan garantizada una organización capaz de responder a sus necesidades, ofreciéndoles una ayuda integral por parte de la administración que debe contemplar: desde servicios básicos a la atención adecuada para ayudarles a asumir y gestionar el dolor que significa verse obligados a dejar su país y la ayuda para que recuperen una vida lo mas normalizada posible en nuestro país. La legislación internacional regula claramente la protección legal, asistencia y derechos sociales que deben asegurar los estados firmantes de asilo. Los solicitantes de asilo y protección internacional deben recibir un alojamiento digno, asistencia sanitaria, psicológica y también formativa de tal manera que puedan aprender el idioma para facilitar su integración y participación en la sociedad de llegada. Este es un proceso muy complejo, ya que no se trata sólo de cubrir necesidades básicas, sino de construir y recuperar el proyecto de vida fuera de su propio hogar, sin saber qué posibilidad habrá de retorno; de ir superando los traumas vividos, de sobreponerse al dolor de haberlo perdido todo. Por ello, junto a la solidaridad de la comunidad que les acoge, debe contarse con especialistas que den respuesta a las distintas necesidades.

La tarea no es fácil, pero desde FETE UGT estamos preparados para responder en todos los niveles sumándonos a la movilización cívica y ciudadana y a la solidaridad activa. Desde nuestra organización, una vez conozcamos donde van a ser acogidas las personas refugiadas, nos brindamos a coordinar el apoyo manifestado por la comunidad educativa. Y vamos a seguir trabajando en la prevención de las situaciones de racismo y la xenofobia que desgraciadamente a veces eclosionan ante situaciones tan complejas como esta. Desde FETE UGT vamos a redoblar nuestro esfuerzo para ofrecer estrategias en la educación intercultural y contra la discriminación y el racismo, elaborando propuestas didácticas para que en los distintos niveles educativos comprendan cuales son las situaciones y derechos de las personas refugiadas y estén preparados para acoger en las aulas a quienes sufren este drama terrible.

Así mismo, dado nuestro ámbito, reiteramos la importancia de la educación como la clave para formar a las futuras generaciones en el compromiso de la defensa de los derechos humanos de todos y cada uno de las personas y de sus pueblos. Y por tanto la necesidad de colocar en el corazón de la enseñanza la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Hoy mas que nunca, es preciso recordar la importancia de educación que enseñe a habitar el mundo desde la solidaridad, la democracia, la igualdad y la justicia para que dramas como el que estamos viviendo no vuelvan a repetirse.

Quiero reiterar, una vez mas, como Secretario General de FETE UGT, en representación de todas las personas que formamos parte de esta organización, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra capacidad de movilización para responder, afrontar y exigir la rápida acogida de las personas refugiadas.

 

Carlos López Cortiñas
Secretario General de FETE-UGT

Hacia una universidad de élite

Por Carlos López Cortiñas

Con afirmaciones como “hay demasiados universitarios” o “a la Universidad llega todo el mundo”, el Ministerio de Educación pretende justificar su clara intención de realizar cambios legislativos en la Enseñanza Superior.

Ya en 2012 se introdujeron unos cambios legislativos que afectan al aumento de las tasas universitarias, a la imposición de un límite de gasto y a la imposibilidad de aumentar por encima del 10% la tasa de reposición. La crisis económica está siendo un pretexto perfecto para implementar cambios, no sólo en la Universidad, también en las ayudas y becas universitarias, hecho que afecta sobre todo a las familias que más necesitan de la solidaridad de los PGE.

El Ministerio ha eliminado, para la concesión de las becas, el componente de gastos de escolaridad, el de compensación (2.550€) y las becas salario (3.500€) que se atribuían a las familias desfavorecidas económicamente. También se han suprimido los gastos por desplazamiento y movilidad y se han disminuido las becas por residencia de 2.556€ a 1.500€, introduciendo el concepto de cuantía variable que, como mínimo, será de 60€ (nadie ha publicado datos de cuál ha sido la cuantía máxima); se han modificado las ayudas para los proyectos de fin de estudios y la financiación de los intereses a los préstamos a los estudiantes. Las becas Séneca y las becas Erasmus que facilitan el intercambio del alumnado entre universidades, se han reducido temporal y presupuestariamente y las becas a la excelencia, simplemente, se han eliminado. A la reducción o eliminación de estas ayudas hay que añadir el endurecimiento de los requisitos para poder acceder a ellas; de ahí, que vayamos irremisiblemente hacia una universidad a la que no todos tendrán acceso. El Ministerio indica que se han dado más becas que en cursos anteriores y es cierto, pero lamentablemente, este incremento ha sido solo debido al importante acceso de estudiantes a la matrícula gratuita, no a becas que permitan la dedicación al estudio de los estudiantes de familias desfavorecidas económicamente. Por otra parte, indicar que la gratuidad de la beca de matrícula, corresponde al precio básico, no contempla los incrementos que han aplicado muchas CCAA (algunas de ellas dan becas de “equidad” consistentes en devolver estos incrementos, aunque solamente en los Grados y no en los Másteres)

Tampoco ayudan los cambios estructurales del RD 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, mediante los cuales el Ministro pretende cambiar la duración de los Grados y Másteres, del 4+1 actual, al 3+2 del RD, en aras a una mayor convergencia con Europa, cosa no del todo cierta, puesto que en Europa coexisten los dos sistemas. La posibilidad de que sean las Universidades quienes decidan la duración de sus grados y sus másteres, puede generar una desconvergencia interna y hacer más inasequible la formación universitaria para las familias económicamente desfavorecidas. Cambios que se han introducido al margen de la comunidad universitaria y contrarios a la CRUE, que ya ha manifestado que se dan dos años de margen antes de aplicar la reforma universitaria de Wert y que esperan que en este tiempo se pueda evaluar la implantación actual de Bolonia y buscar la homogenización de los títulos.

El Ministerio da la posibilidad a las universidades de impartir los grados entre los 180 y los 240 créditos, dejando libertad a las universidades de fijar los créditos que considere. Sólo este hecho supone trasladar a la sociedad que habrá grados de primera y grados de segunda, dependiendo de dónde se cursen los estudios.

La clara intención de primar los contenidos generalistas y de formación básica en los planes de estudio de los títulos de grado y los contenidos especializados en los planes de estudio de los títulos de másteres, convierten a los grados sin apenas relevancia con respecto a la inserción laboral ya que carecerán de la especialización necesaria que exige el mercado laboral. Por esta razón se fijan grados de 4 años para las actividades profesionales reguladas. Por otro lado difícilmente los titulados de FP de Grado Superior se matricularán en grados en donde los contenidos sean generalistas y de formación básica por lo que, en la práctica, se impide a estos profesionales acceder al título universitario.

Parece poco razonable que en un mismo país los planes de estudio de grado puedan tener entre 180 y 240 créditos, lo que nos lleva a deducir que un mismo título de grado, con el mismo nombre, pero con contenidos diferentes puedan variar en 60 créditos.

Las razones esgrimidas por el MECD para aprobar este RD, carecen de toda base consistente. Según la Secretaria de Estado, Montserrat Gomendio “”la flexibilización de la duración de las carreras debe servir para que las CCAA inicien un debate sobre la financiación universitaria que incentive la calidad docente e investigadora y que este debate sería muy bienvenido y es uno de los fines que perseguimos””. Me pregunto ¿Es necesario el RD para este objetivo? Claramente no. Haciendo algo de sumas y restas, si según el Ministerio las familias se ahorrarían unos 150 millones de euros, debido a la disminución en un año de los grados (está claro que siempre que no continúen con el Máster), y si las matriculas representan entre el 20 y 25% del coste real de la docencia, quienes se ahorraran entre 750 y 600 millones de euros serán las administraciones públicas de quien dependan las Universidades y por supuesto, también la patronal de la Universidades Privadas.

Lamentable también el posible descrédito que la Secretaria de Estado puede generar con sus palabras a las Universidades, Consejos de Dirección, personal y Agencias de Acreditación y Evaluación; tal y como han reflejado algunos medios de comunicación, en opinión del MECD, la posible transformación de grados actuales de cuatro años en otros de tres, deberá basarse en la “modernización y actualización” de los planes de estudios, no simplemente en “eliminar un año de formación o asignaturas superfluas”, por esto ha negado que se trate de un “recorte encubierto” de un año de formación, sino que las titulaciones deberán ser evaluadas por las agencias autonómicas autorizadas o la estatal Aneca.

Actualmente están saliendo en el BOE titulaciones de grado y de master tipo 4+1, ¿Están anticuadas?, ¿no están actualizadas? ¿No se han evaluado por las agencias estos títulos? Sería muy lamentable que las agencias autonómicas o la estatal, hayan evaluado positivamente títulos de grado con asignaturas superfluas y que las Universidades hayan presentado a evaluación planes de estudios con contenidos superfluos, que los profesores acepten dar contenidos superfluos y finalmente que los estudiantes paguen matriculas para recibir una parte de contenidos superfluos.

Si esto es posible que haya ocurrido hasta ahora según el MECD ¿Alguien asegura que no ocurrirá en la evaluación de los grados de tres años? Seamos serios y aportemos contenidos más sólidos para defender la modificación de los grados, que seguramente los hay.

Desde el punto de vista sindical las consecuencias se notarán sobre todo en la incidencia de las plantillas de las facultades ya que al suprimir un año de grado se perderá cerca de 1/3 del alumnado y por tanto en torno a un 20% del profesorado podrá perder su puesto de trabajo, que junto con la posible aprobación del RD de Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios y que los grados primarán los contenidos generalistas y de formación básica, permitirían que para el conjunto de titulaciones de una cierta rama, todas las asignaturas que se impartan en primero y quizá en segundo años sean las mismas para todos los grados de la rama. Si realmente esto ocurre (y puede ocurrir) las perdidas del puesto de trabajo tanto para el PDI como el PAS pueden ser muy superiores al 20%. Y con respecto a las familias al aumentar un año más el master verán encarecido el coste del título universitario ya que las matriculas de los Másters, por regla general, se duplican con respecto a la de los Grados.

Manifiesto para la erradicación de la pobreza

Imagen recurso alumno estudiandoEl día 17 de octubre se conmemoraba el día mundial para la erradicación la pobreza. Desde la plataforma de organizaciones sociales de Andalucía “Compromiso social para el progreso”, a la que pertenece la federación de trabajadores de la enseñanza de UGT, se emitió el siguiente comunicado:

La Alianza Española contra la Pobreza desde hace muchos años convoca a la ciudadanía para movilizarse contra las causas de la pobreza y la desigualdad. Sabemos que la pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica. Vivimos una crisis global y compleja que se basa y a la vez profundiza las desigualdades. Los intentos de salida de la crisis de carácter antisocial, basados en recortes de gasto social, agravan la situación de las poblaciones más vulnerables.
Existen compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los protocolos de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, o el Protocolo de Kyoto, por mencionar algunos, que sistemáticamente se incumplen, dentro y fuera de nuestro país. Tal es el caso de los ODM o de los derechos económicos, sociales, culturales, laborales, políticos y civiles (en muchos casos).
Ahora nos encontramos ante un momento de crisis sistémica en el que se puede dar un cambio de rumbo hacia el cumplimiento de todos los derechos humanos o continuar por la misma senda del aumento de las desigualdades, pobreza y del autoritarismo. No bastan las buenas intenciones: queremos cambios reales para el futuro que deseamos.
Es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la población, tanto en nuestro país como en el resto del globo. Un sistema que fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos, la destrucción de la naturaleza y las desigualdades sociales, un sistema que sigue contruyendose sobre la desigualdad de género, el 70% de las personas pobres son mujeres, o sobre la clase social, la raza, la etnia o las creencias.
El proceso de acumulación del capitalismo, reforzado por la dinámica financiera, ha generado un modelo económico que ejerce una fuerte presión en el conjunto de los límites físicos del planeta (agotamiento de los recursos no renovables, falta de acceso al agua, contaminación atmosférica, etc.) y los equilibrios ecológicos. Tambien sobre los derechos de las personas trabajadoras reduciendo el reparto entre el factor trabajo y el capital del beneficio.

Es imperativo poner freno a las políticas locales, estatales y globales, que polarizan la sociedad e incrementan el sufrimiento de las personas. En concreto, se necesitan cambios radicales en dos frentes: la obtención de los recursos públicos y la manera de invertirlos a través de los servicios públicos y el sistema de protección social. Y segundo en la proteccion del empleo, revalorizando el trabajo remunerado y un reparto equitativo de la plusvalía generada por el sistema economico.

Es necesario un reparto justo de las riquezas y que este reparto se visibilice en políticas públicas sociales como la Sanidad, Pensiones, Educación, Cooperación, Servicios Sociales, Igualdad, Dependencia, entre otras. Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de las causas estructurales que generan desigualdades; pero también sabemos que existen soluciones reales y factibles. No pararemos hasta conseguir el mundo que queremos. Queremos un compromiso real a través de la participación y movilización colectiva, con el fin de:

- Acabar con la economía especulativa y tener una economía al servicio de las personas.

- Potenciar alternativas que permitan a la naturaleza regenerarse y a todas las personas mantener una buena calidad de vida.

- Desarrollar servicios públicos, de calidad y universales para que todas las personas tengan una vida digna.

- Crecer para el buen vivir y no para la acumulación de riqueza y el consumo irracional.

- Dejar atrás el individualismo y la competitividad atrás y cambiarlos por la cooperación y la solidaridad entre las personas y los pueblos.

- Reconocer el valor y fomentar la paz como bien intangible para personas, pueblos y con la naturaleza.

En definitiva, cambiar LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE POR LA OTRA RIQUEZA DE LA COLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CREATIVIDAD QUE NOS PROCURA UNA VIDA DIGNA DE SER VIVIDA POR TODAS LAS PERSONAS.

Éstas son nuestras reivindicaciones políticas para conseguir este cambio:

- Una fiscalidad justa y equitativa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuyan la riqueza y combatan las desigualdades, invirtiendo en los servicios públicos, la protección social y la promoción del empleo decente con el fin último de luchar contra la pobreza y la exclusión, y garantizar la justicia y la cohesión sociales de nuestros barrios, pueblos y ciudades.

- Políticas y presupuestos cuyo eje principal sea la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la garantía de unos servicios sociales básicos de calidad.

- Es necesario crear mecanismos internacionales que puedan mejorar y ampliar los marcos teóricos y científicos con los que se toman las decisiones políticas globales en el contexto de la nueva agenda. Desde la Alianza, proponemos la creación de un Panel Internacional para
Erradicar la Pobreza y la Desigualdad que asuma, junto a otras instituciones, esta función.

- Transparencia y rendición de cuentas en éstas y todas las medidas que puedan tener consecuencias en materia del disfrute de todos los derechos humanos.

- Queremos que el Estado cumpla con su compromiso de lograr el 0,7% AOD/RNB de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos. La crisis económica no debería ser causa de una regresión respecto al porcentaje del RNB dedicado a la cooperación internacional.

- El gobierno español y los gobiernos autonómicos y locales han de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sin olvidarse de que éstos son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, laborales, medioambientales, de género, y que conllevan obligaciones aquí y más allá de sus propias fronteras.

- Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de los paraísos fiscales. A corto plazo es imperativo actuar decididamente contra la impunidad y la opacidad.

- Es necesario que se implante el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se aplique en su totalidad, incluyendo la compraventa de acciones, bonos y derivados, y que su recaudación sea destinada a las políticas sociales, a la cooperación al desarrollo y a la protección del medio
ambiente.

- Es necesario frenar el avance desmedido de la desregulación de los mercados, por los efectos que esto puede tener en el mundo entero aumentando las desigualdades y la pobreza. Es necesario que se frene el Tratado Transatlántico de Inversiones entre Estados Unidos y la Unión
Europea que se está elaborando a espaldas de la ciudadanía.

- Es necesario que en los Acuerdos sobre el Comercio Internacional sea obligatorio que las empresas cumplan los Acuerdos de la OIT en materia laboral, aunque los Estados no los hayan ratificado.

FP BASICA: UN TRUCO PARA MEJORAR LAS CIFRAS DEL ABANDONO ESCOLAR

Por Carlos López Cortiñas

Oposiciones

La LOMCE rompe con el modelo de “trayectoria única” que este país ha ido desarrollando desde los años 90 para todo el alumnado. Volver a abrir ahora la doble vía supone de entrada, desandar el camino que tanto ha costado construir. Un itinerario académico y otro profesional, en España ya lo sabemos desde la LGE del 1970, supone un mayor valoración de la primera y una minus

valoración de la segunda. 

El cambio de los PCPIs a FP Básica no es un mero cambio de nombre, sino que entraña un cambio conceptual significativo. Los PCPIs significaban un programa de atención a la diversidad que permitía en un momento dado el retorno al sistema ordinario. No era una salida alternativa, sino un camino distinto, pero no diferenciado. La FP Básica, por el contrario, conlleva una diferenciación desde el momento inicial, con una orientación profesional alejada de las otras vías y que puede suponer una segregación del alumnado a partir de 2º de la ESO.

La nueva FP Básica, se ha convertido en una de las prioridades de la LOMCE. Prueba de ello es que, en el acuerdo de aplazar la implantación de la FP y Bachillerato en tres años, según se ha aprobado en el Senado, la FP Básica comienza ya el próximo curso; suprimiéndose la oferta de los módulos obligatorios de los PCPIs. En el curso siguiente (2015/2016) estará completamente implantada.

Este nuevo ciclo estará situado en la misma categoría que la FP GM y del Bachillerato. Por tanto deja de contar como abandono escolar temprano. La propia memoria de la LOMCE calcula que al cursar la FPB, entre el 8% y el 12,5% dejarán de contar como abandono escolar, la misma proporción. Cuantos más alumnado entre en la FPB más bajará la tasa actual de abandono escolar, al menos en los papeles. De esta forma se consiguen dos objetivos: apartar a estos alumnos de la vida académica, y sin embargo considerarlos titulados postobligatorios a través de un truco estadístico como bien denuncia Antonio Bolivar (Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada).

Otro de los proyectos del Gobierno del PP que el ministro anunció en el Parlamento, quedó devaluado por las propias dificultades que conlleva su aplicación. Me refiero a la FP Dúal. Es indudable que el sistema Dúal de otros países no puede ser aplicado en el nuestro ya que la realidad económica de nuestro sector productivo es estructuralmente muy distinto, por ejemplo, al alemán.
En la implantación actual de la FP Dúal se están adaptando formulas que consisten simplemente en un mayor compromiso de las empresas con la FP. Es evidente que esta conexión no requería de nuevas fórmulas, sino simplemente desarrollar toda la legislación desde la ley 5/2002.
La implantación de la FP Dúal ha quedado en el plano experimental y apenas repercute en el 1% del alumnado matriculado en la FP.

Seguimos movilizándonos contra la LOMCE

Carlos López Cortiñas - Secretario general FETE-UGT

Artículo publicado en el nº 4002 de Escuela

ManifestaciónToda la comunidad educativa y fundamentalmente el profesorado está dando continuas muestras de su rechazo a la política educativa del Gobierno del PP, sumándose así a una gran parte de la sociedad en la censura y el aislamiento social del mismo.

Esta política también ha conseguido la oposición de los partidos políticos, que ya han anunciado la derogación de la LOMCE cuando la composición del parlamento lo permita.

Nuestra sociedad está demandando de una forma mayoritaria el disponer de un sistema educativo estable. Esto último, junto con el rechazo que está recibiendo esta ley y contando con que nos encontramos a mitad de la legislatura, nos hace reflexionar sobre la necesidad de que el Gobierno gestione con responsabilidad y retire de forma inmediata la ley. Dentro de dos años, nos podríamos ver sometidos de nuevo a la tesitura de debatir una nueva norma. Parece contradictorio que el Parlamento esté aprobando una ley y, sin embargo, se piense en su derogación.

Esta situación está producida por la incapacidad del Ministro para generar consenso con toda la comunidad educativa y sin embargo, solo se deja aconsejar por la Conferencia Episcopal y por el entorno de la FAES.

Las exitosas movilizaciones están revelando el carácter reivindicativo y el compromiso ideológico del profesorado, tal como han demostrado la numerosa participación en la huelga del pasado 24 de octubre y la masiva asistencia a las manifestaciones convocadas. El éxito de las reivindicaciones se está viendo reflejado en las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos días y que no son más que una marcha atrás en las intenciones iniciales del Ministerio: la religión ya no será de oferta obligatoria en el Bachillerato, se retrasa la implantación de la LOMCE y se restablece la cuantía de las becas Erasmus, tras el bochornoso espectáculo protagonizado por el ministro peor valorado del Gobierno. Un Ministro que no solo recibe críticas dentro de nuestro país sino también desde la Comisión Europea que desmiente las últimas informaciones que salen del Ministerio sobre el nuevo reparto de fondos que se hace desde Bruselas para las becas Erasmus.

Este seguimiento masivo y ese compromiso ideológico refuerzan y revitalizan a todo este movimiento unitario, agrupado en las plataformas y ‘mareas’. Pero también fortalece al movimiento sindical, en tanto que las sustentamos y somos capaces de tener una visión más global, aglutinando las reivindicaciones del sector educativo, las del sanitario, las de los pensionistas y dependientes,… en defensa de un modelo de sociedad que en estos momentos el Gobierno esta desmantelando.

Soy consciente de que en estos momentos surgen movimientos –de carácter asambleario- que son capaces de canalizar el descontento social, como es el caso de las mareas verdes en educación. Este color se ha convertido en un símbolo que da sentido a una confrontación contra el mal proceder del Ministerio, pero también es un color que nos identifica en la defensa de un modelo de escuela. Una escuela integradora, inclusiva, laica y en una búsqueda permanente de la calidad. El éxito de estos movimientos en los que FETE-UGT está participando se basa en el consenso y la generosidad a la hora de llegar a acuerdos, en tener en consideración el peso afiliativo y la influencia de cada una de las múltiples organizaciones que formamos parte de los mismos.

En este contexto, no debemos equivocar la estrategia para no ‘quemar’ al profesorado en una movilización que nos tememos será larga, ya que después de una ley vienen sus desarrollos legislativos y la normativa que cada una de las Comunidades Autónomas aprobará, para adaptarla a sus territorios.

Los movimientos sociales y, en concreto las organizaciones sindicales, debemos sopesar mucho y estar en contacto con la afiliación y con todo el profesorado antes de decidir las actuaciones que vamos a poner en marcha, con el fin de recoger el sentir de las y los docentes y muy particularmente cuando se trata de una convocatoria de huelga. Además, los responsables sindicales no debemos alejarnos de los intereses del profesorado, animados por los éxitos de las movilizaciones pasadas. Existen actuaciones y planteamientos reivindicativos que trasladan el sentir de la comunidad educativa a la sociedad y al Gobierno con la misma intensidad que la convocatoria de una huelga. En este sentido el 30 N con la marcha a Madrid seguiremos clamando en las calles contra las políticas educativas del PP.

FETE-UGT, en su defensa del sistema público educativo, apuesta por un modelo de escuela pública que cohesione y vertebre la sociedad a través de todo el territorio nacional y en cada una de las CCAA. Por ser la red de titularidad y responsabilidad totalmente pública tiene un elevado índice de diversidad, llega a los rincones más escondidos de la geografía y por tal motivo se está viendo gravemente perjudicada por los recortes educativos. Tales recortes afectan tanto a su financiación como a la calidad de los servicios educativos y se concretan en que se ha reducido el número de profesores, ha empeorado de manera notable sus condiciones sociolaborales, han disminuido los recursos en las aulas, se han reducido a la mínima expresión algunos servicios esenciales como los de comedor y transporte, se ha atacado la igualdad de oportunidad reduciendo las becas y se han suprimido algunos programas educativos. Y todos estos recortes junto a otros inciden especialmente en el alumnado más desfavorecido.

FETE-UGT defiende la educación como un servicio público que ha de garantizar, en condiciones de igualdad, el acceso de todos al conocimiento y corregir las discriminaciones, principios que se ponen en peligro con la aplicación de la LOMCE.

La educación constituye la mejor y mayor riqueza de una sociedad avanzada y debe ser garantizada por los poderes públicos.

Desde estos poderes públicos es preciso realizar un análisis pormenorizado de nuestro sistema educativo que nos lleve a conocer los aspectos positivos y negativos del mismo y que nos permita plantear las modificaciones necesarias. La falta de este análisis da lugar a modificaciones ideológicas, tal como está pasando con el actual Ministerio y no a las que realmente necesita nuestro sistema para mejorarlo.

Es imprescindible ser capaces de abordar los problemas que se detectan en nuestro sistema educativo, de forma conjunta, coordinada, con diálogo entre todas las Administraciones y la comunidad educativa para conseguir un sistema estable. Esta estabilidad es necesaria para dar permanencia y solidez a nuestro sistema y realizar las adaptaciones que se vayan necesitando tras un periodo de aplicación según los resultados obtenidos.
Para ello es esencial abrir de nuevo el diálogo con toda la comunidad educativa y el Ministro está dado muestras de su falta de capacitación para generar los consensos necesarios que demanda nuestro sistema educativo.